Levante -EMV.com Mónica Ros València 09.06.2019

La Ciudad de la Justicia cuenta desde hace un mes con una Oficina de Atención Social para complementar el trabajo jurídico con intervenciones sociales ante los problemas que subyacen en determinados procedimientos.

Una hija agrede a su madre, que interpone una denuncia. Luego, en el juzgado, la mujer no ratifica la misma. No hay delito y se archiva la causa. Pero el problema real, el social, que una hija agreda a su madre, persiste. Y es más que probable que, si no se actúa, si nadie interviene, el caso regrese a los juzgados. Una comunidad de propietarios pone una denuncia porque una vecina debe equis dinero de las cuotas. Sin embargo, la comunidad de dueños a quien denuncia es a los padres del deudor, que ya han fallecido. Ese proceso no continuará, pero sí se iniciará otro para que el vecino en cuestión pague lo que debe. Una familia quiere incapacitar al abuelo porque cree que esa es la única vía para conseguir plaza en una residencia, que es lo que necesitan. Por ello, acuden al juzgado para iniciar un proceso sin saber que con un auto para ingresar en un centro es suficiente.

Estos son tres ejemplos de los casos que se pueden trabajar desde la nueva Oficina de Atención Social que funciona en el Ciudad de la Justicia desde el pasado 2 de mayo, una iniciativa pionera en toda España. A pesar de que el servicio acaba de arrancar, las dos trabajadoras sociales que lo conforman ya han atendido 56 casos. Se llaman Eva Cortina y Nieves Barrajón y reivindican la importancia de un trabajo social desde los juzgados «que sirva de enlace con otros organismos para bucear en el problema social que ha originado el conflicto e intentar subsanarlo al dar información, orientación y asesoramiento. El objetivo del servicio es estudiar el problema social que subyace en el fondo del conflicto para ayudar a los ciudadanos que acuden a los tribunales, además de evitar procesos judiciales innecesarios». La nueva unidad –que depende directamente del Decanato de los Juzgados de València y cuenta con la inversión de la Conselleria de Justicia– persigue una justicia «más social». Y es que hay procedimientos que concluyen con una sanción económica, por ejemplo. «Pero eso no resuelve el problema de base», apuntan las trabajadoras sociales.

Una reivindicación de los jueces

De hecho, era una reivindicación de los jueces de Instrucción, -y también de los de Incapacidades- que dictan sentencia sin ser ajenos a una problemática social evidente que queda, sin embargo, lejos de sus competencias.

Pero, ¿cómo funciona el servicio? ¿Puede acudir cualquiera a la oficina? ¿Hay que solicitar cita previa? Las trabajadoras sociales explican que el servicio está orientado para recibir a los usuarios que deriven los propios juzgados. De hecho, de las 56 atenciones realizadas hasta el momento, 42 fueron derivadas de los propios juzgados o servicios de orientación jurídicos y 10 procedieron de derivaciones desde hospitales y servicios municipales. Ahora bien, la oficina también ha atendido dos visitas y dos consultas que han llegado vía correo electrónico. Y es que cualquier ciudadano puede acercarse o pedir información en la oficina social de la Ciudad de la Justicia sin que sea requisito que sea un organismo quien derive el caso. «Aún así, el organigrama y los protocolos están pensados para que sean los juzgados y los organismos (internos o externos) quienes nos envíen los casos que consideren que precisan de una intervención social», explican.

La oficina de Atención Social informa y asesora sobre los recursos asistenciales disponibles. Entre sus funciones, destaca, por ejemplo, proporcionar información sobre la existencia de plazas en centros de rehabilitación, inserción laboral, rehabilitación psicosocial, materno infantiles, atención a la mujer, a los ancianos, menores en situación de desamparo, enfermos mentales, personas con diversidad funcional o en situaciones relacionadas con dependencia, ayuda a domicilio, asistencia en situaciones de alcoholismo, posibilidad de acudir a servicios de mediación, reintegro de gastos (indemnizaciones por desplazamientos), medidas de inserción laboral, prestaciones económicas de la Seguridad Social (contributivas y no contributivas), actuaciones sobre escolarización, localización de grupos de ayuda mutua, facilitación de personal voluntario, asistencia en situaciones de donación de órganos, etc. «Una cartera de servicios sin perjuicio de las funciones de atención a la víctima o las funciones propias de la oficina de denuncias en materia de violencia de género», explican las trabajadoras sociales.

Ahora bien, la oficina no es de mediación –aunque realice funciones como tal a la hora de solucionar determinadas situaciones– ni tampoco está centrada en los desahucios, un problemática que va en aumento y podía colapsar la oficina o hacer de la misma una especialización para la que no está pensada. «Nuestro principal temor era convertirnos desde el comienzo en una oficina para los desahucios, porque ese servicio ya está creado en el Ayuntamiento de València, con el que estamos coordinados. Eso no quiere decir que no atendamos estos casos. Por ejemplo, una de las atenciones fue la petición de demorar un lanzamiento dos meses porque la ejecución era inmediata y la familia necesitaba paralizarlo unos meses. Y se consiguió. Nuestro objetivo es intervenir en el problema social más allá del problema jurídico que se plantee», explican las trabajadoras sociales.

Una oficina como despedida

Ahora bien, a pesar de que en diversas juntas de jueces de instrucción se planteó la necesidad de crear este servicio, la nueva oficina tiene un claro ideólogo y defensor: Pedro Viguer, actual decano en funciones, que sigue al frente del Decanato de València de forma interina hasta que el BOE publique el nombramiento de su sucesor y éste tome posesión. Viguer presentó su renuncia, que fue aceptada el pasado 4 de abril por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, poco antes de ver cumplida una iniciativa que transformará la justicia para hacerla «más social» en una oficina pionera en España. Y con todo no quiere protagonismo alguno. Se despide, eso sí, con el nuevo servicio hecho realidad.

«Muchas veces los jueces dictan sentencia sabiendo que hay un problema social de fondo que necesita una intervención. Pero ahí ya no se puede hacer nada más desde la justicia, pero sí desde el trabajo social. En los hospitales hay trabajadores sociales y cuando vi cómo funciona en servicio en el Hospital Universitario La Fe comprendí que la Ciudad de la Justicia necesitaba un servicio similar, necesitaba que los trabajadores sociales tuvieran presencia allí. Y nos pusimos a trabajar, con el apoyo de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo», explica Viguer.

Y añade: «Así, más allá del problema jurídico concreto que se plantee en cada caso se puede contar con un diagnóstico social y con información, orientación y asesoramiento para buscar las posibles soluciones en el ámbito del Trabajo Social. Sin duda, ello contribuirá a una justicia más amable, más cercana, más atenta y más preocupada por los problemas sociales que subyacen o acaban derivando en procedimientos judiciales, pero que están fuera de los mismos y cuya intervención corresponde a otros organismos e instituciones de índole social». El trabajo social ha llegado a los juzgados y lo ha hecho para quedarse.