La Asociación Española de Trabajadores Sociales Forenses, ante los acontecimientos de esta semana en la que han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, varias mujeres y sus hijas e hijos, tristes circunstancias que continúan sucediendo de manera reiterada, motivando el reclamo por parte de la sociedad de soluciones que permitan finalizar con esta lacra social, cuestionando las actuaciones de las Administraciones públicas.

Queremos transmitir nuestra solidaridad a las familias y amigas/os de todas las víctimas, así como nuestra voluntad de continuar trabajando como disciplina por proporcionar una atención integral y efectiva a las mujeres víctimas de la violencia de género, y a sus familias.


En nuestro desempeño profesional, como parte de los operadores jurídicos, hemos detectado algunas lagunas que se producen en relación a las actuaciones de la Administración de Justicia, y a la prestación de atención a las víctimas.

En particular desde la Asociación Española de Trabajadores Sociales Forenses venimos reivindicando, la adopción urgente de medidas que deben dotarse de la correspondiente partida presupuestaria para ser algo más que una mera intención contemplada a nivel legislativo o en un Pacto de Estado, siendo necesaria la articulación efectiva de los aprobado, en cuanto a proporcionar esa tutela institucional contemplada en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.


Desde hace más de diez años existe el proyecto de creación de las Unidades Forenses de Valoración Integral de la Violencia de Género, donde los equipos interdisciplinares pueden hacer una labor importante en materia de prevención y atención a la víctima. En estas unidades los equipos técnicos conformados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, pueden intervenir en la valoración del riesgo o peligrosidad.


También intervienen en la valoración de los daños ocasionados en las víctimas, tanto físicos, psicológicos o sociales, así como en la atención social a las mismas. Sin embargo, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estos equipos se han constituido de modo muy desigual y actúan de modo apenas reglamentado. Así, en gran parte de los IML no existe la figura del trabajador/a social y la dotación de personal es muy deficiente.

Por otro lado, existen disciplinas que no realizan servicios de guardia, como es nuestro caso, dándose la paradoja de que cuando ocurre una situación complicada o urgente, en el Juzgado de Guardia se encuentran todos los funcionarios, salvo el personal especializado en la atención directa.

Como disciplina especializada en el análisis de la realidad social el trabajo social aporta una visión global de la problemática que tiene ante sus ojos. No se limita al estudio de la persona, sino que además estudia el grupo familiar, su situación económica, las relaciones entre los miembros de la familia, la relación de las personas con sus familias de origen y con el barrio o comunidad en la que residen. Explora los apoyos y fortalezas que toda persona encuentra en su entorno y también las dificultades y condicionamientos de su entorno familiar y social. El trabajador social conoce los recursos y servicios disponibles a nivel local o comunitario y está capacitado para proponer una medida al tribunal conectando los lados del triángulo: individuo, recurso, comunidad.

Nuestra aportación al equipo interdisciplinar y al Juzgado puede ser útil en la detección del riesgo o peligrosidad, en la atención a la víctima y en la evaluación de situaciones de vulnerabilidad social de las mujeres y menores víctimas de la violencia, pero nos encontramos con el deficiente conocimiento por parte de los operadores jurídicos de nuestras capacidades profesionales, valorándose únicamente los aspectos más evidentes de las secuelas que el maltrato deja en las víctimas, sin que el aspecto más necesario de las personas, la vida en comunidad, la subsistencia de cada entorno familiar, el sentimiento de pertenencia y de integración en el grupo (sociedad) sea tenido en cuenta como secuela tras la vivencia del maltrato, entendiéndose que las secuelas sociales serán cubiertas por los servicios existentes a nivel local (Ayuntamientos), o autonómico (Comunidades Autónomas), en un momento histórico de crisis y de recortes presupuestarios, que ha afectado gravemente a la falta de medios humanos en servicios de atención a la ciudadanía.

Destacar que como disciplina compartimos las propuestas realizadas por otros colectivos profesionales, sumándonos a las peticiones, reclamando la adopción de medidas que incluyan una respuesta institucional, que logre:

- El compromiso de las Administraciones, especialmente de la Administración de Justica de dotar de medios técnicos y humanos en la atención a la víctimas y sus familias, a través de la articulación eficaz y real de los servicios específicos de atención contemplados en la ley.

- Un soporte asistencial digno y coherente con las diferentes necesidades de cada una de las mujeres y sus familias que se aproximan al ámbito judicial, facilitando su acceso a recursos de información, asistencia y ayudas. Garantizando la presencia de profesionales que permanentemente orienten e informen de las vicisitudes del proceso y de los recursos a los que pueden acceder.

- La implantación de planes de actuación interdisciplinares entre administraciones, que engloben a todas las disciplinas profesionales que actúan en la atención de las víctimas, especialmente a disciplinas de índole social, que orienten, coordinen y aseguren la correcta respuesta durante todas las fases del proceso judicial.

- Una organización judicial racional y adaptada a las cargas de trabajo de los profesionales, con dotación de personal suficiente.

Un aumento de los recursos sociales para poder derivar a las mujeres y a sus hijos e hijas, incrementando el número de servicios de atención especializados (casas de acogida, pisos tutelados y puntos de encuentro familiar).


Destacar la utilidad del trabajo interdisciplinar para la prevención de sucesos como los que desgraciadamente acontecen de una manera tan reiterada. Probablemente, la prevención completa de los mismos sea imposible, por cuanto la violencia forma parte de la naturaleza del ser humano, pero al menos lograremos que la Administración habrá hecho todo lo que el estado actual de la ciencia y de la técnica, con los profesionales que lo representan, pone a su alcance para su prevención.