EL ESPAÑOL 01/10/2018

"La presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales Forenses, Pilar Ruiz, alerta del problema que supone que el trabajo de los servicios sociales no esté presente en las vistas judiciales. También en los juicios por divorcio, caldo de cultivo de casos de violencia machista.

Es muy importante valorar los antecedentes de las personas, su educación, cómo vivió su infancia, su situación personal y económica, entre otros factores de riesgo. Hay hombres que, cuando se divorcian y son obligados a salir de su casa por ley, se sienten en una situación de indigencia. Dependiendo de todos estos factores de riesgo, se convierten en auténticas bombas de relojería", explica Ruiz. Precisamente esos peligros son visibles en un juicio, y la intervención de los equipos sociales son vitales para prevenir casos de violencia machista, en algunos casos, hasta 37 en lo que llevamos de 2018, mortales.

Los equipos sociales forenses arrojan uno de los motivos: ellos no están en los juzgados de guardia para valorar a víctimas y agresores, y asesorar a los jueces para evitar tragedias mayores.

Sin embargo, actualmente la mayoría de provincias españolas cuentan únicamente con un psicólogo y un trabajador social que tienen que hacerse cargo de todos los juzgados y no están presentes en los de guardia.

En algunas provincias, ni siquiera se cumplen estos números. Es el caso de Soria, donde según denuncian a EL ESPAÑOL los propios trabajadores, "el equipo psicosocial dependiente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentra desde enero de 2018 sin la figura del psicólogo, dejándose sin realizar un sinfín de valoraciones o dejándolas pendientes durante no se sabe cuánto tiempo, ya que la Administración responde no tener dinero para su cobertura".

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EL PAIS 01/10/2018

"Las valoraciones de riesgo de las víctimas de violencia de género funcionan a medio gas

En 2004 se crearon las unidades específicas en los juzgados para evaluar el peligro, pero aún no han terminado de implantarse.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, recomendó la creación de estas oficinas, ideadas para analizar mejor el riesgo potencial de las mujeres que denuncian violencia machista con la ayuda de especialistas. Pero 14 años después ni están implantadas en todas las provincias ni funcionan de manera uniforme en las que sí existen. Trabajadores de estas unidades, fiscales y forenses alertan de que faltan medios, fondos, coordinación y formación pese a su importancia.” .

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