Por primera vez, el Consejo ha sido recibido por el Ministerio de Justicia, con quien se ha establecido un contacto directo para colaborar de ahora en adelante.

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima Fernández, acompañada de la vocal de la Junta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid y experta en Trabajo Social y Justicia Ana García Montero y la asesora jurídica del Consejo, Esther Goñi, han sido recibidas por el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Joaquín Delgado Martín.

El Consejo ha solicitado una modificación de la actual elaboración de los informes psicosociales, de forma que incluyan de forma separada el diagnóstico psicológico, firmado por los psicólogos, y el diagnóstico social, acto intelectual exclusivo de la profesión firmado por la o el trabajador social. Además, el informe incluiría una tercera parte conjunta, que iría firmada por los dos profesionales.

También se ha solicitado al Ministerio formar parte de los equipos de trabajo para elaborar protocolos en las distintas jurisdicciones. El director general ha explicado que el Consejo, junto al Consejo General de Psicología formará parte del grupo asesor dirigido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), que elaborará dichos protocolos.

El director general también ha escuchado con atención los problemas que se han expuesto, como el de la calidad. El Consejo ha pedido la *especialización *y ha solicitado cooperar como estructura colegial en la actividad de formación y se ha ofrecido a acreditarla. Sobre el otro problema, el *retraso a la hora de elaborar informes, Joaquín Delgado ha explicado que se han cubierto todas las vacantes que había disponibles. El Consejo ha exigido que se amplíen las ratio profesionales* en el ámbito de Justicia y que haya:

- 1 trabajador/a social por cada juzgado de familia.

- 1 trabajador/a social por cada juzgado de violencia.

- 1 trabajador/a social por cada juzgado civil para tutela e incapacidades.

- que el colectivo sea necesariamente un cuerpo funcionarial.

Por otra parte, se ha exigido formar parte de las oficinas de atención a las víctimas a través de un convenio, como ocurre con el caso de los psicólogos. El director general ha avanzado que el modelo de convenio se va a extinguir y que se van a constituir unidades administrativas, en las que se incluirá a los y las trabajadoras sociales, para dar forma administrativa al modelo.

Finalmente, el Consejo ha pedido ser miembro del Consejo Asesor de asistencia a la víctima.

Es la primera vez que el Consejo es recibido por un alto cargo de la Administración de Justicia para hablar del trabajo social en este ámbito de intervención. Establecido el contacto directo, de ahora en adelante se seguirá profundizando e insistiendo en las demandas de la profesión.